La Cámara alta toma partido en la protección de la impunidad en lugar de combatirla.
El pasado día 13 de marzo, el Senado de la República aprobó mediante resolución otorgar públicamente “respaldo y reconocimiento a la labor que desde hace doce años ha venido realizando la Fundación Global Democracia y Desarrollo”.
Con el país y los medios de comunicación como testigos les recordamos a los miembros del Senado que existe una querella en curso en contra de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y de su presidente, por la comisión de gravísimos hechos que constituyen crímenes y delitos severamente castigados por la legislación penal dominicana.
En ese sentido, una resolución como la emitida por esa cámara legislativa constituye un acto grosero de obstrucción de la justicia, en tanto que con él se pretende interferir en el normal desarrollo de un proceso penal que debe seguir el curso previsto en la ley. Más que una resolución, se trata de un instrumento de presión que obedece al propósito de frenar la investigación que, de conformidad con la ley, debe llevar a cabo el Ministerio Público hasta que, tanto la Fundación Global como su presidente, sean formalmente acusados, procesados y castigados por los graves hechos cometidos en violación de la ley y contra los intereses de la nación dominicana.
Si en el Senado hubiera un mínimo de respeto por la ley y, sobre todo por la Constitución en cuya promulgación participaron sus miembros; si existiera el mínimo de voluntad encaminado a combatir la impunidad y la corrupción, en vez de presionar al sistema de justicia como lo hace a través de la resolución que ha emitido, hubiera puesto en práctica las facultades de control político y de fiscalización que le confiere el artículo 93 de la Constitución de la República a las cámaras legislativas. Hubiera iniciado un proceso de interpelaciones, de invitaciones, de creación de comisiones de investigación para apoyar el esclarecimiento de los hechos que se señalan en la querella interpuesta contra la fundación que pretenden reconocer.
Una vez más, desde el Congreso Nacional se toma el partido de la protección del crimen contra la cosa pública en lugar de combatirlo. Una vez más, desde el órgano que elabora las leyes, se hace causa común con aquellos que violan sus disposiciones, al tiempo que se pasa por alto el cumplimiento de las facultades y competencias que el sistema jurídico pone en sus manos en detrimento de la institucionalidad, de la democracia y de los intereses de la población dominicana que tiene que pagar el odioso costo de la impunidad y la complicidad institucional con el crimen.
Lo que una vez más queda meridianamente claro es que la Fundación Global y su presidente necesitan de esos cuestionables apoyos, de esas lealtades espurias y vergonzantes, que son al mismo tiempo manifestaciones de traición a la población dominicano, porque no tienen un solo argumento jurídico para responder los hechos incontrovertidos y las pruebas concluyentes que se presentan en la querella de la que está apoderada e investiga la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
18 de marzo de 2013
Santo Domingo, DN.
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