NUEVA YORK.- El activista Radhamés Pérez, coordinador general del proyecto Alianza País en los Estados Unidos, urgió ofrecer oportunidades de reinserción en la vida productiva a los dominicanos deportados desde esta nación.
Pérez, quien es también director ejecutivo de Acción Comunitaria La Aurora, recordó que el año pasado la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), deportó 389 mil personas de distintas nacionalidades, mayormente sudamericanos.
“Este año, la agencia se ha trazado como meta la deportación de 400 mil personas, no necesariamente estatus migratorio irregular”, manifiesta.
Indicó que el número de deportados ha ido creciendo aceleradamente desde la aprobación de la Ley Antiterrorista del 1996, la cual además de ser retroactiva, reforzó las leyes anti-inmigrantes y amplió significativamente los delitos y violaciones cuya penalidad es la deportación en los casos en que el violador no tenga la ciudadanía estadounidense. Desde la firma de dicha ley, alrededor de 40 mil dominicanos han sido expulsados de los EE.UU.
Añade que después del 11 de septiembre del 2001, proclamada y practicada la “guerra contra el terrorismo” del presidente George W. Bush y aprobada y firmada el Acta Patriótica, no solo se han restringido y violentado derechos humanos y civiles fundamentales, sino que de manera muy particular se aceleró y masificó el proceso de persecución y deportación de los trabajadores inmigrantes.
“La cuestión migratoria pasó a ser un asunto de seguridad nacional. La lucha contra el terrorismo se convirtió en una lucha contra los inmigrantes, con sólido sustento ideológico marcado por el racismo y la xenofobia”, puntualiza el dirigente político y activista comunitario.
Sostiene que desde entonces han sido aprobados nuevas leyes y programas locales y estatales que criminalizan la inmigración indocumentada, como la ley 1070 de Arizona y los Acuerdos de Cooperación en Comunidades para Mejorar la Seguridad (ACCESS).
Indica que los componentes principales de ACCESS son: Programa 287(g) que le asigna a la policía funciones propias de los agentes de migración; Extranjeros Delincuentes, que coloca agentes del ICE en las cárceles y prisiones para identificar presos pasibles de deportación; y Comunidades Seguras, que obliga a la policía a tomar las huellas de cualquier detenidos y transferirlas a un base de datos de ICE que establecerá la historia criminal y migratoria de la persona arrestada.
El programa se ejecuta en 632 lugares de 32 estados. Y según sus promotores, para el 2013 se ejecutará en todo el país. Así los agentes del ICE, en los hechos, estarán en todos los precintos policiales de los Estados Unidos.
Según estima Pérez, “todo esto se agrava cuando hay leyes que reducen la posibilidad de una persona deportable de comparecer ante un juez, pero también estas leyes reducen la independencia y el criterio de discrecionalidad de los magistrados”.
Y concluye diciendo que “como siempre, la movilización comunitaria y la presión a oficiales electos con capacidad de impactar positivamente sobre esta problemática, aparece como el camino más viable a seguir en este contexto nacional cada día más restrictivo y dominado por la lógica de un estado policial”.
0 comentarios:
Publicar un comentario