En países con escaso desarrollo económico como la Republica Dominicana, el flagelo de la corrupción y, por consiguiente, la irresponsabilidad con que las instituciones judiciales y sus funcionarios encaran los casos que la comportan; actitud que todos conocemos como impunidad, o mejor dicho, de acción franca de complicidad deliberada, constituye un freno irreversible a la institucionalidad, al Estado de derecho y al desarrollo social y económico del país. La corrupción y su hermanada impunidad, representan de este modo, una muralla de contención y un golpe demoledor a las políticas que desde el Estado se trazan con el supuesto intereses de subsanar la pobreza y equilibrar las riquezas producidas colectivamente. El alcance de los objetivos sociales y económicos de las políticas públicas se ve mermado, cuando desde el mismo Estado que las promueve, se generan importantes apropiaciones de recursos públicos en beneficio de sectores políticos enquistados en su cúpula.
Es teniendo esto como referencia que resulta muy preocupante la apatía que acusa, en materia de atención y lucha contra la corrupción pasada y presente, la actitud del Presidente de la Republica, Danilo Medina. Parecería que para el presidente el tema de la impunidad y la corrupción no es de meridiana importancia para el desarrollo nacional, la gobernabilidad y la institucionalidad, postura ésta que refrenda con su mutismo intencionado que no es generalizable cuando se trata de otros temas no tan espinosos e incómodos, y que por lo tanto, pueden ser aprovechados por su eficiente maquinaria de comunicación y relaciones públicas, muchas de las veces con mensajes de una fortaleza moral inusitada en un dirigente de un partido tan corrompido con el PLD. Llama poderosamente nuestra atención el hecho de que el castigo ante los delitos solo sea considerado para los casos menores –los cuales son consecuencia mismo del desvío y abuso de los recursos públicos en beneficio privado- , obviándose la delincuencia de alto calado que se aposenta en la administración pública. Con ello el presidente demuestra que está muy lejos de su fervorosa campaña anticorrupción enarbolada con pasión electoral desbordada durante toda la campaña electoral del 2012, en la cual trataba esforzadamente de desmarcarse de la sombra de corrupción vergonzosa que el grupo de compañeros de su partido había creado en la pasada administración, la cual como colofón, dejó al país un déficit fiscal que estamos pagando onerosamente gracias a su reforma fiscal, por cierto, no consensuada.
Como respuesta a la percepción progresiva de que para el presente gobierno, al igual que los demás que le precedieron, este tema no concita la prioridad que merece dada la centralidad que el combate a la corrupción tiene en el bienestar social y económico, se comenzó a estructurar en días pasados una campaña que desde los sectores sociales y ciudadanos preocupados por el latrocinio que hemos padecido, busca rechazar estas prácticas, a la vez que desterrar o minimizar lo más posible su presencia en la administración pública.
Esta campaña, como muchas otras impulsadas desde la sociedad organizada, nos invita a ser frontales, a ser intransigentes y hasta si se quiere, subversivos, cuando de desmanes irresponsables y abusivos se refieren en el manejo de las instituciones y de los recursos que como ciudadanos merecemos que se administren, se inviertan y se utilicen de forma pulcra, sin discrecionalidad, con transparencia y sentido de beneficio social.
Presidente, entendemos su inclinación por la imagen, aquella que busca presentarlo como un hombre sencillo, que se presenta al país con su camisa blanca remangada todos los fines de semana en lugares apartados, brindando apoyo y esperanza a ese pueblo que lo eligió. Lo que no podemos entender y nunca llegaremos a tolerar, es que ese ropaje de hombre de temple que promueven sus eficientes asesores de imagen, solo aflore en momentos donde busca elevar su camaleónica postura de responsabilidad y acrecentar su popularidad a través de videítos de Youtube.
Si el presidente es frontal para llamar a ingenieros contratistas y para reclamar severidad a la justicia en los casos de delincuencia menuda, por igual debe mostrar su verticalidad para exigir cuentas claras a Vincho Castillo ante su declaración jurada falseada, incumpliendo con esto, a su cargo de Encargado de ética y transparencia en su gobierno. Por igual debe esclarecer ante el país, asumiendo con ello un acto de responsabilidad ética, la tronera fiscal que dejó su camarada de partido, Leonel Fernández y sus testaferros, cuya responsabilidad ante esos hechos es compartida por una abrumadora mayoría del país, siendo también el culpable de que estemos tributando más recursos con nuestros famélicos ingresos.
No tirar piedras al pasado constituye una falta de responsabilidad, una apuesta a esconder por complicidad lo mal hecho.
Asuma presidente, que estamos al acecho!
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