El discurso sobre el desarrollo turístico de Pedernales sostenido por funcionarios gubernamentales busca desviar la mirada pública de la ilegalidad que promueve el poder emitido por el presidente Danilo Medina autorizando al consultor jurídico, César Pina Toribio, a reconocer títulos de propiedad en esa zona adquiridos de manera fraudulenta. Así lo consideró el abogado y militante político Guillermo Moreno, quien indicó que ejecutar este mandato “constituiría un acto de prevaricación”, es decir, un abuso de poder en contra del bienestar nacional.
Moreno declaró que la defensa del derecho del pueblo en Bahía de las Águilas es armónico con la aspiración de que se produzca un desarrollo sostenible, que sea incluyente y preserve el ecosistema”. Expresó que el gobierno tiene el deber de buscar todas las vías necesarias para el desarrollo de la región pero que esto no justifica que actúe “al margen o en violación a la ley”.
El jurista dijo que lo más sano para el interés nacional es que el gobierno “recupere todos esos terrenos que son de su propiedad y a partir de ahí defina proyectos de desarrollo incluyentes y sostenibles que integren a los habitantes, que tengan impacto real en materia de empleo y que garantice a los pobladores de Pedernales y zonas aledañas a Bahía de las Águilas sus derechos fundamentales.
Advirtió a los potenciales adquirientes de propiedades en esos terrenos que cualquier contrato que se realice es, por el origen de los títulos, nulo, y puede ser eliminado en el futuro, “cuando en este país haya algún gobierno honesto, como lo habrá, va a desconocer cualquier contrato derivado de actos reñidos con la ley”.
Moreno, quien fuera en 1997 el procurador fiscal de la República, estuvo a cargo del proceso de investigación y condena penal al ex director del Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodríguez Guzmán, así como su hermano y esposa, implicados en el fraude.
Leonel y la impunidad
Moreno se refirió también a la intención del expresidente Leonel Fernández de utilizar al Parlamento Centroamericano (Parlacen) como escudo para la impunidad. Explicó que como diputado del Parlacen obtiene privilegios que le protegen contra acciones penales, y esto lo hace “precisamente en el momento en el cual se le ha dado curso a la investigación de la querella de la cual apoderamos a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el pasado 24 de enero”.
Dijo que esta es una señal de que Fernández no tiene modo de rebatir los medios de prueba presentados a la justicia que sugieren que el ex presidente estuvo implicado en lavado de activo, prevaricación y otros delitos. “La búsqueda de la condición de diputado del Parlacen constituye un acto de incriminación respecto de los hechos delictuales contenidos en la querella”, puntualizó.
A pesar de que la condición de diputado del Parlacen puede otorgar “determinados privilegios procesales”, Moreno sostiene que “no es sinónimo de impunidad y por tanto la investigación penal que se ha iniciado debe continuar en los términos procesales establecidos en nuestras leyes”.
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