Cuestiona que se hayan utilizado interpósitas personas para captar fondos provenientes de empresas constructoras de obras del Estado y destinarlos hacia la Fundación
El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, aseguró este jueves que la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), presidida por el exmandatario Leonel Fernández, se habría convertido en un instrumento de lavado de activos desde su creación en el año 2000.
En El Gobierno de la Tarde de la Z101, Moreno dijo que la querella sometida contra Fernández recoge pruebas de la utilización de interpósitas personas para captar fondos provenientes de empresas constructoras de obras del Estado, destinados a Funglode.
“¿Por qué una institución que debe ser transparente y es auspiciada por el presidente de la República, primer mandatario que asume la obligación de cumplir y hace cumplir las leyes, tiene que recibir depósitos a través de interpósitas personas y simular que otros presiden la institución, cuando es él? ¿Por qué? Precisamente por el origen de los fondos”, expresó Moreno.
Explicó que las primeras transacciones bancarias se habrían hecho en junio del año 2000 a nombre de Funglode, pero a través de una cuenta personal de Rodríguez Casado, quien en ese periodo era asistente de confianza del entonces secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Diandino Peña.
En la primera fase de la querella se muestran varios cheques realizados por tres empresas constructoras de obras del Estado, entre las que figuran Grupo Modesto, JM Constructores S.A. y Setedom, las cuales habrían aportado, entre el 14 y 15 de junio, un millón de pesos a Funglode en cada cheque.
Moreno detalló que el 19 de junio de 2000, se habría depositado en una cuenta de Rodríguez Casado un certificado de RD$8 millones en partidas de un millón de pesos. Ese mismo día habría recibido otro depósito de RD$7 millones, en partidas de un millón de pesos también, elevando la suma a un total de RD$15 millones.
Más adelante se abrió otra cuenta a nombre de Marilis Pérez y Luisa del Pilar, a quienes se habrían traspasado todos los recursos que antes serían destinados a la cuenta de Rodríguez Casado, y que a la fecha del 15 de septiembre ascendían a los RD$66 millones.
El doctor Ricardo Nieves comentó que el acto de donar en sí no es un delito ni un pecado y le preguntó a Moreno sobre cuándo esa acción comprende un delito.
“Entraña un delito cuando eso muestra una conducta que no es una conducta típica. No es típico que constructores de obras del Estado, de manera sistemática, mientras están haciendo construcciones, están aportando siempre la suma de un millón de pesos en menos de 24 horas”, respondió el presidente de Alianza País.
Moreno tomó como fundamento la Ley 72-02 Contra Lavado de Activos, a partir de la cual definió esa acción, de cuando recursos provienen de origen ilícito y se trata de darles apariencia de licitud, a través de ciertos instrumentos.
“'Si la Fundación operaba como un medio de captación de recursos de origen ilícitos, provenientes de la corrupción o en este caso de recursos públicos, estamos ante lo que se tipifica como lavado”, sostuvo Moreno.
El abogado Cristóbal Rodríguez dijo que las actuaciones de Fernández frente a Funglode tipifican la prevaricación, que ocurre cuando alguien se aprovecha de su condición de funcionario para obtener beneficios en su provecho, agenciarse prebendas y recursos a través de mecanismos para engrosar su patrimonio.
“Si la institución es sin fines de lucro, no puede haber lucro, ahí empieza la anomalía”, sostuvo Rodríguez.
También acusó a Fernández de perjurio, por haber declarado, al final de su primer mandato de gobierno (1996-2000), un patrimonio que rondaba los RD$10 millones, cuando en ese periodo Funglode habría recaudado al menos RD$66 millones.
“¿Por qué no transparentizaron el dinero a través de una cuenta de Funglode? ¿Por qué necesitaban mantenerlo oculto a través de un particular que era extraño a la Fundación?”', cuestionó Rodríguez, al tiempo de señalar que las leyes y normas obligan a las instituciones sin fines de lucro a ser transparentes, principalmente cuando se reciben fondos públicos de manera directa o indirecta.
El abogado reconoció el derecho de las empresas a hacer donaciones, sin embargo, enfatizó que los funcionarios no pueden recibir dádivas.
Moreno destacó que, a partir del 2004, el esquema de alegada apropiación de recursos del Estado varió en Funglode, al establecerse unas 10 empresas constructoras que, bajo el control de Félix Bautista y que participaban en obras del Estado, hicieron aportes superiores al millón de pesos que aportaban otras en el 2000.
Entre las empresas constructoras bajo el dominio de Bautista figuran Hadom, Malbar, Ozoria y Asociados, entre otras.
El abogado Jorge Luis Polanco dijo que, sin contar con la participación del Ministerio Público, se han aportado pruebas sobre el alegado fraude contra el Estado a través de Funglode e instó a las autoridades a investigar el caso más a fondo.
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