Por Guillermo Moreno
A golpe de dos firmas, el Presidente de la República y el Presidente del PRD, han asestado un duro golpe a la Constitución, y a la de por si precaria institucionalidad democrática de la República Dominicana.
El pacto firmado constituye un verdadero atentado a la Constitución dado que por el mismo los suscribientes han acordado que se publique la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura a sabiendas de que dicha ley es nula por haberse aprobado con una mayoría simple en violación de lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución de la República que exige una mayoría especializada de las dos terceras partes.
Estamos pues ante el hecho de que el Presidente de la República, junto al Presidente del PRD, se han “asociado” para constituirse en un “suprapoder” con facultad de hacer que sus legisladores, cual borregos, le den curso a una ley nula conforme el artículo 73 de nuestra Carta Magna por haber subvertido el orden Constitucional.
Hechos como éste demuestran una vez más que la institucionalidad democrática en la República Dominicana es una “caricatura”, y que los poderes del Estado no existen y carecen de total independencia, y que a pesar de haber transcurrido 50 años del ajusticiamiento de Trujillo, se sigue haciendo la voluntad del Presidente de la República por encima de la Constitucion y las leyes.
Llama la atención que una vez más, el Presidente del PRD, se someta a los intereses del Presidente de la República, y endose, esta vez un acuerdo para violar la Constitución y que carece de efecto jurídico. ¿Cómo puede el Presidente del PRD justificar este pacto si ese mismo partido había depositado una instancia por considerar que dicha ley era inconstitucional? ¿Qué confianza puede haber en un partido cuyo presidente, contradiciéndose a si mismo, por segunda vez se entrega en brazos del jefe de gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana?
Alianza País mantiene su requerimiento a la Suprema Corte de Justicia respecto de la “Acción Constitucional de Nulidad” del acto de aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que mediante instancia debidamente motivada depositáramos en la Secretaria de nuestro más alto tribunal en fecha 7 de abril de 2011.
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