La política económica de un país tiene como propósito mantener las condiciones favorables para que el motor del crecimiento, que son los sectores productivos pueda desarrollar sus actividades dentro de un marco estabilidad o variaciones razonables. Sin embargo cuando ésta tiene como objetivo principal servir para solventar las malas acciones y decisiones erradas del gobierno, no puede haber un plan de desarrollo nacional que prevalezca, ya que las decisiones que pudieran procurar el apoyo a los sectores productivos pueden ser revocadas en cualquier momento.
Es el caso actual con las pretensiones del gobierno de introducir reformas a las leyes 112-00 que regular el cobro de los impuestos a los hidrocarburos y 392-07 que crea Proindustria.
Con la iniciativa de “racionalización de los gastos tributarios e incentivos”, el gobierno pretende traspasar al Ministerio de Hacienda la administración y recaudación de los recursos hasta la fecha a cargo del Ministerio de Industria y Comercio. La amenaza de indexar o ajustar la inflación los precios a los que se venden los combustibles, provocará necesariamente una escalada alcista en los precios de todos los bienes y servicios, en los cuales el uso de los combustibles fisibles forma parte de sus costos de producción. Aunque el ministro de Hacienda ha repetido hasta la saciedad que esto no ocurrirá, y le han acompañado en el coro otros importantes funcionarios del sector económico del gobierno.
Otra amenaza, provocada por la falta de un verdadero compromiso con los sectores productivos de la nación, pende sobre el sector de las empresas acogidas a la ley 392-07 de Competitividad e Incentivo Industrial (Proindustria), que uno de los incentivos que constituye el pagar el Itbis sobre las importaciones de materias primas en la DGII al efectuar la venta del producto final, de concretarse la aprobación de la propuesta de Hacienda, deberán hacerlo en Aduanas. Esto constituye una estocada a este sector que pretende alcanzar niveles de competencia con las empresas de los países de la región.
Los excesivos gastos realizados por el gobierno en la pasada campaña electoral, han provocado un déficit en el presupuesto nacional, y un frenesí en la búsqueda de recursos para cubrirlo. Si le sumamos a esto el barril sin fondo de la CDEEE, es comprensible la reacción por parte de las autoridades del sector económico. Varios sectores del país han sugerido recortar el gasto corriente del gobierno (nomina estatal) y las inversiones de capital (básicamente la segunda línea del metro), pero esto es a lo último que renunciaría el presidente Fernández.
Debemos esperar que la sensatez y la prudencia imperen en algún momento en el presidente Fernández, ya que solo él puede quitar del pueblo dominicano y los sectores productivos la preocupación reinante, y al mismo tiempo dar la señal de que esta comprometido con el país y no con sus intereses particulares.
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