La reforma constitucional

Guillermo Moreno

Hay mucho de farsa en la nueva Constitución. Es necesario apuntarlo hoy para entender los desenvolvimientos de mañana.

Recordemos que para la elaboración de esta Constitución, el presidente Leonel Fernández designó una comisión de juristas y se hizo una consulta popular. El proyecto presentado al Congreso por el Presidente desconoció 29 de los puntos consensuados. El más significativo fue haber ignorado que el 67 % de los ciudadanos/as consultados expresaron que la reforma debía hacerse mediante una Asamblea Constituyente.  

La reforma se hizo, como es de todos conocidos, con el legislador ordinario, entre los que el partido de gobierno tiene mayoría. Por eso fue tan fácil someter la Asamblea Nacional al pacto ominoso firmado por el Dr. Leonel Fernández y el Ing. Miguel Vargas Maldonado, por el cual se adecuó el contenido de la constitución, en los aspectos básicos, a sus particulares intereses políticos. Los asambleístas no tuvieron reparos en renunciar a su soberanía, deshonrando la representación que el pueblo les ha otorgado.

La reforma perfeccionó determinados aspectos de la Constitución derogada, al tiempo que introdujo notables retrocesos.

Esta nueva constitución, contrario al decir del presidente Leonel Fernández, no representa ni una revolución democrática ni organiza una democracia participativa. Es necesario desmontar esta falsa propaganda oficial.

La visión liberal de la democracia representativa se basa en un sistema de intracontrol de los poderes del Estado (o control de unos sobre otros), los que, en principio, se autodefinen independientes entre si.

El eje de diferenciación de la democracia participativa, respecto de la democracia liberal, radica en que, en la participativa, los poderes del Estado, además del sistema de intracontrol, están sometidos a formas de control externo. Ese control externo o social lo realiza el ciudadano si cuenta con los medios institucionales y efectivos para participar en la toma de decisiones de los asuntos que afectan el interés general de la sociedad. O dicho en pocas palabras: No hay democracia participativa sin poder ciudadano.

El poder ciudadano es la capacidad otorgada a la ciudadanía para que ésta, de forma directa, y por medios viables y eficaces, pueda ejercer el control externo de los representantes y de los gobernantes, pudiendo incluso revocarles el mandato.

La democracia participativa, se fundamenta en realidad, en una profundización del principio de que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos/as, y no en los poderes formales. Esto equivale a decir que en la democracia participativa el pueblo, al elegir sus representantes no se despoja por completo de su soberanía, manteniendo una parte de ella, la que se efectiviza a través de los medios institucionales por los que puede ejercer el control de los gobernantes.

La no inclusión, en esta constitución, del referendo revocatorio de mandato y de la Asamblea Constituyente, es suficiente para afirmar que la misma no organiza una democracia participativa.

La nueva constitución simula crear el poder ciudadano, pero en realidad no lo hace. Los aspectos que en ella abren una brecha de participación, resultan procedimientos ineficaces que no garantizan que los ciudadanos realmente puedan ejercer el control real de los poderes del Estado ni de sus representantes. Veamos algunos ejemplos.

La acción directa de inconstitucionalidad no asume al ciudadano/a como parte interesada en capacidad de impugnar una ley contraria a la carta magna; no dispone la obligatoriedad de los presupuestos participativos; no incluye el referéndum revocatorio, sino el “referéndum aprobatorio” respecto de un número limitado de aspectos; la iniciativa legislativa requiere el dos por ciento de los inscritos en el registro de electores lo que representa reunir más de 120 mil firmas de ciudadanos/as ¿se puede concebir una burla mayor?

El lector se estará preguntando ¿por qué razón la ausencia del poder ciudadano hace de esta constitución una continuidad de la constitución derogada? Porque eso significa que la implementación de los derechos e instituciones consignados en la carta magna, dependerá exclusivamente de los titulares de la representación en esos poderes, que es el mismo liderazgo político que en los últimos 44 años ha gobernado en 12 oportunidades, y que se caracteriza por la corrupción, el clientelismo, el autoritarismo; que continuamente viola la carta magna, que ha envilecido las instituciones del Estado y que ha creado un clima de inseguridad, impunidad, privilegios e irrespeto a la ley.

¿Como pensar que la simple proclamación de una nueva Constitución va a cambiar la naturaleza de ese liderazgo tradicional que controla el Estado y las funciones públicas?

Convenzámonos: El problema fundamental nuestro no esta en la letra de la ley sino en la naturaleza corrupta, autoritaria, antinacional, clientelista del liderazgo tradicional, combinado con la falta de un poder ciudadano que nos permita someterlo a control o echarlo en el zafacón de la historia, lugar donde debió estar hace mucho tiempo.

¿Cómo pensar que porque en la nueva constitución se consigne una retahíla de derechos y libertades, muchos de las cuales estaban consagrados en la constitución derogada y en los pactos internacionales ratificados por el país, la Policía Nacional, por ejemplo, va a respetar el más fundamental de todos: el derecho a la vida y a la integridad física, y que va a dejar de practicar la tortura como método de investigación?

¿Quién puede creer que por obra y gracia de la nueva Constitución, el actual Presidente de la Republica va a respetar el derecho fundamental de todos y todas a una educación de calidad, cuando durante tres periodos de gobierno ha ignorado la ley que le ordena invertir en la educación, por lo menos un 4% del PBI? ¿Quién le impidió hacerlo hace apenas un mes cuando sometió el actual presupuesto al Congreso Nacional?

Solo un iluso podría pensar que porque el texto constitucional le da categoría constitucional al Ministerio Público, a partir de ahora esta institución va a perseguir a los funcionarios que se enriquecen ilícitamente?

¿Cómo creer que porque ahora se menciona en la Constitución la protección del medio ambiente, las mismas autoridades que hace apenas unos meses iban a cometer un crimen contra los Haitises, a partir de ahora van a ser respetuosas del medio ambiente?

¿Quién va a creer que el presidente Leonel Fernández va a desistir de sus megaproyectos y va a propiciar una “distribución equitativa del presupuesto en el territorio”, cuando se ha resistido a cumplir en forma reiterada el mandato de la ley para asignarles un 10 % a los ayuntamientos del país?

¿Quién puede creer que esos mismos legisladores, que no se atrevieron a someter a juicio político al Presidente por éste haber suscrito el contrato de la Sun Land, sin aprobación del congreso, ahora van a actuar con independencia y van a ejercer el control efectivo del poder ejecutivo?

¿Quien puede siquiera pensar que este Presidente va a respetar y aplicar la ley de función pública cuando en sus gobiernos se ha institucionalizado la “nominilla”, en todas las dependencias públicas, para favorecer a dirigentes de su partido?

No nos llevemos a engaños. Esta constitución es una farsa. En términos de sus resultados prácticos, es más de lo mismo.

Todo el proceso estuvo signado por un propósito: garantizar el proyecto personalista de poder del actual Presidente de la República. Lo demás es como el oropel: solo apariencia. Ilusiones para engañar a los tontos útiles, siempre dispuestos a hacer coro.

Mientras ese liderazgo gobierne y tenga el control del Estado, nada cambiará que no sea para profundizar la crisis de representatividad que padecemos.

Para enderezarle el rumbo a este país se va requerir de mucho más que de un texto constitucional. Se va a necesitar de un liderazgo que no se asuma como imprescindible, y a esos fines, estimule el desarrollo del poder ciudadano, dotando a la ciudadanía de los medios efectivos para participar y ejercer el control de los representantes.