El crimen de Paya, la fuga de la imputada Sobeida Féliz, el asesinato del Coronel González y González, sus vínculos con Figueroa Agosto, son expresión de un problema mayor que amenaza con socavar los cimientos mismos de la sociedad dominicana.
La pasada semana la prensa nacional daba cuenta de que en un lapso de 10 meses se han producido 250 asesinatos en el país, de los cuales el 34 % está ligado al narco.
La capacidad de desestabilización social y política del crimen del narcotráfico, su facilidad para penetrar la estructura del Estado, su impacto en la alteración de los indicadores del crecimiento económico, y su incidencia en la destrucción de los valores morales de la sociedad, se dejan sentir a niveles cada vez más preocupantes en nuestro país.
La capacidad de desestabilización social y política del crimen del narcotráfico, su facilidad para penetrar la estructura del Estado, su impacto en la alteración de los indicadores del crecimiento económico, y su incidencia en la destrucción de los valores morales de la sociedad, se dejan sentir a niveles cada vez más preocupantes en nuestro país.
Es evidente que el narcotráfico ha penetrado, y se ha posesionado y opera desde los propios cuerpos armados y de inteligencia del Estado, que financia candidaturas y tiene capacidad de acceder a funciones civiles, algunas con sede en el propio Palacio Nacional.
Estamos pues, como país, ante un peligro real de convertirnos en un narco-Estado.
Ausencia de una política de Estado
Esta situación descrita solo es posible en ausencia de una efectiva y definida política de Estado, de prevención, persecución y sanción del narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico no puede reducirse a una actitud reactiva.
No comienza ni termina con la persecución de Sobeida Félix y de Figueroa Agosto, o con una investigación mediatizada y trunca en el caso de Paya.
Debe estar orientada por una actitud firme y decidida de enfrentar la telaraña de complicidades, encubrimiento y facilidades de toda índole brindadas al narco desde distintas esferas de poder del Estado y la sociedad.
A continuación exponemos una estrategia integral, de nueve puntos, como política de Estado para enfrentar los niveles en que el narcotráfico hoy se desenvuelve en el país.
La propuesta
PRIMERO. ES URGENTE PARA EL COMBATE DEL NARCOTRAFICO UNA VOLUNTAD DE MANDO TENIENDO COMO PUNTO DE PARTIDA AL JEFE DEL ESTADO.
El país demanda que el Presidente de la República actúe y de señales inequívocas de que el narcotráfico es un crimen en cuyo combate no hay vacas sagradas ni puertas que no se puedan tocar. En ese sentido, sin importar su jerarquía o proximidad, desde que un funcionario civil o autoridad militar es relacionado con hechos o con personas involucradas en el crimen del narcotráfico debe procederse a su inmediata suspensión e investigación.
Corresponde a quien ejerce la primera magistratura del Estado en tan delicada coyuntura, dar la cara y hacerle el frente.
Al Presidente le corresponde unificar bajo su voz de mando el combate sin cuartel del narco y del lavado de activo, y trazar la raya de Pizarro dentro del Estado, quien favorece, colabora o se beneficia del narco y del lavado, recibirá tarde o temprano, sin importar quien sea, el peso de la ley y el decomiso de sus bienes.
SEGUNDO. ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES ECONOMICAS Y LAS privativas de libertad para involucrados en la distribución y comercialización de la droga.
De modo particular proponemos el establecimiento de la CADENA PERPETUA para los jefes de carteles de droga que operan en el país.
La modificación del Código Penal actualmente en el Congreso, es una oportunidad que no debemos aprovechar en este sentido.
TERCERO. DEPURACION RADICAL DE LOS ESTAMENTOS ARMADOS, y en ese sentido, control de las armas, de las facilidades operativas y logísticas de que disponen los cuerpos militares y policiales. No es suficiente con la separación de las filas de de los cuerpos armados a los cómplices del crimen del narcotráfico. Es necesario desmontar la estructura criminal en que operan y someter a la justicia a los responsables y decomisar los bienes obtenidos como resultado de su actividad criminal.
CUARTO. ES IMPRESCINDIBLE LA CREACIÓN DE UN CUERPO UNICO, especializado, y autónomo de los cuerpos castrenses y policía nacional, para el combate del narcotráfico, conformado por un personal con entrenamiento especifico en la prevención y persecución en todas sus manifestaciones y derivaciones, capacitado al más alto nivel en actividad de inteligencia y contrainteligencia, con jerarquía y autoridad suficientes para perseguir este crimen en todas las instancias de la sociedad, y a cualquier instancia dentro del Estado.
El mismo debe estar organizado en torno a un mando central dependiente directamente del Procurador General de la República y, por esa vía, del jefe del Estado. Será el responsable de la definición e implementación de la política contra el narcotráfico, y contará con el presupuesto, la dotación técnica y la formación especializada que le permita efectividad en los resultados.
Este Cuerpo Especializado debe funcionar con criterios de capacitación y profesionalidad similares a un sistema de carrera. Para ello es preciso que la designación, formación, asignación salarial y promoción de sus miembros esté determinada por el mérito, la integridad y las capacidades puestas en evidencia.
QUINTO: SANEAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, GARANTIZANDO que dinero de origen ilícito, o de la corrupción, no puedan financiar candidaturas que luego, desde una función pública, le brinde protección y le sirvan de testaferros al narco.
Esto impone una drástica reducción del gasto de las campañas políticas y la exigencia de transparencia absoluta de la procedencia de los fondos de dicha financiación, pues mientras los cargos electivos son asignados al mejor postor, y dada la magnitud de dinero que maneja el narco, los partidos se han convertido en una vía expedita de acceso del narco a los altos estamentos estatales.
Las cúpulas dirigentes de los partidos políticos que nos han gobernado en las últimas décadas han mostrado niveles de irresponsable permisividad con este fenómeno que tocan los límites de la complicidad.
SEXTO. BLOQUEO PERMANENTE DE LOS CIRCUITOS DE LAVADO DE ACTIVO, impidiendo su circulación en la economía del país.
En otras palabras, hay que golpearles el bolsillo.
Esto implica una política agresiva de inteligencia y vigilancia que pasa por: Control efectivo del movimiento de las operaciones de las cuentas bancarias cuyos titulares no puedan acreditar la proveniencia de sus recursos; control sobre el auge y proliferación de determinadas actividades particularmente sensibles al lavado de dinero; investigar las variaciones patrimoniales significativas en funcionarios públicos, en por lo menos los últimos diez años; control sobre aquellas sociedades de comercio cuyo patrimonio excede el valor del capital suscrito, y se pueda establecer el origen ilícito del excedente; decomiso e incautación de propiedades mobiliarias e inmobiliarias adquiridas con dinero del narco.
SEPTIMO. TRANSPARENTAR LA ECONOMIA NACIONAL, EVITANDO QUE, como han sugerido algunos expertos, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, lejos de producirse por un crecimiento sano de nuestro aparato productivo y de la economía en general, tiene su explicación, en parte, por actividades estrechamente asociadas al narcotráfico y lavado de activos, llegando a calcular en más de US$ 1,100 millones el monto que anualmente circula en la economía, del narco y de actividades de lavado.
OCTAVO. CONTROL DEL ESPACIO AEREO, COSTAS, PUERTOS Y LINEA FRONTERIZA, pues el país, además de puente, es también destino del crimen del narcotráfico y del lavado de activo.
NOVENO. PREVENCIÓN Y REABILITACION DE ADICTOS, A CUYOS FINES desatar campañas permanentes y masivas de educación en la población, por medios de comunicación, por la educación formal, especialmente en los sectores más vulnerable.
Hay que brindar mayor apoyo a las instituciones privadas que con tan pocos recursos trabajan el tema en el país. Pero además, el Estado debe crear, integrado al sistema de salud, una institución pública para el tratamiento y rehabilitación del adicto, con el presupuesto, el personal y las facilidades adecuadas.
La prevención y la rehabilitación del adicto contribuye a disminuir el consumo, y por tanto a quitarle mercado al negocio de la droga.
Fuente: Clave Digital
0 comentarios:
Publicar un comentario