A partir de 1961, el liderazgo político del país configuró, sin frenos éticos ni legales, con mano de hierro o guantes de seda, un marco institucional con el que no será sostenible ningún modelo de desarrollo.
Desde el esperanzador renacer libertario en 1961 hasta los tiempos actuales de pactos y reformas, de frustración e indignación ciudadana, de protestas que estallan en un atronador “toy jarto” de grupos juveniles, transcurrieron 48 años de la reaparición de los partidos en el escenario político dominicano. Casi medio siglo en que sin frenos éticos ni legales, con mano de hierro o guantes de seda, el liderazgo político distorsionó la democracia, configurando un marco institucional con el que no será sostenible ningún modelo de desarrollo.
Cinco décadas sin una visión de Estado, sin un proyecto de nación, de políticas que trasciendan las diferencias partidarias, una planificación a mediano y largo plazos, independientemente del partido en el poder.
Así, sin estrategias, no hay frenos que les impidan manejar la gestión pública en función de los objetivos particulares o partidarios.
Estado funcional. La sostenibilidad de un modelo de desarrollo estará supeditada a la creación de un Estado funcional, capaz de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, al fortalecimiento de las instituciones, su competitividad y transparencia, al cese de la corrupción, la ilegalidad e impunidad.
Estará condicionada a la erradicación de la cultura clientelista y el parasitismo burocrático, a la descentralización estatal para un óptimo aprovechamiento las potencialidades de cada zona. Y, sobre todo, al compromiso de una ciudadanía que participe en la gestión del Estado y la defensa de los derechos civiles, económicos, políticos y sociales.
Nuevo marco. El cambio del marco institucional es fundamental para que la economía se desarrolle, debido a que los mercados no funcionan bien si el Estado funciona mal, expresa el economista Isidoro Santana, recalcando que la inversión productiva, la productividad y la competencia necesitan reglas del juego bien definidas y respetadas.
Sólo la inversión especulativa se beneficia de un Estado débil. Lo primero que hay que plantearse para hacer sostenible cualquier modelo de desarrollo -dice- es crear un Estado confiable, eficiente, creíble. No es sencillo, pues implica cambiar la forma de hacer política, que los militantes de los partidos hagan conciencia de que al Estado se va a cumplir fines públicos, no privados, que los recursos fiscales sólo deben usarse para satisfacer necesidades de la sociedad, no personales, familiares y grupales.
Ese nuevo Estado -agrega-, supone que las instituciones funcionen, que puedan cumplir el rol para el cual fueron creadas, suprimir instituciones sobrantes, duplicadas; imponer el imperio de la ley y el principio de que la justicia es igual para todos. Un complemento indispensable de todo esto es una mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos.
Estado de derecho. En medio siglo el modelo democrático dominicano no ha logrado madurez para instaurar el estado de derecho, una representatividad real, apenas se ha arribado a una democracia electoral, amañada con la compra y venta de conciencias.
Una enorme responsabilidad recae sobre el liderazgo político, aunque la gran debilidad radica en la sociedad, en la permisividad que impulsa el lucrativo negocio en que ha devenido la política criolla, sólo superada en alta rentabilidad por el narcotráfico, con el que se le atribuyen nexos.
Un nuevo marco institucional obliga a renovar el liderazgo político, que se valore por sus cualidades y no el dinero disponible para promover sus candidaturas. Reclama un liderazgo compartido, desarrollar una cultura participativa que transforme un modelo elitista donde los compromisos se concertan entre la cúpula política y económica.
Una sociedad de derechos implica equilibrio de poder, crear un verdadero estado de derecho, única forma de lograr que el modelo funcione. Pero la experiencia convence de que las instituciones no cambiarán por motus propio, que las nuevas relaciones de poder deben lograrse con el empoderamiento ciudadano. Al respecto, el economista Miguel Ceara Hatton dice:
__El desarrollo humano, el que la gente tenga acceso a las oportunidades sociales, salud, educación, vivienda, dependerá de que se movilice y demande al Estado el cumplimiento de los derechos. ¿Cómo? Cambiando las relaciones de poder. La gente tiene que movilizarse, en cierta forma ya empezó, todas esas demandas sociales en todo el país son expresión de una movilización nacional demandando respuesta a sus necesidades, porque tienen recursos para un metro pero no para mejorar las calles.
__Hay que crear un poder social y mecanismos de representación, la democracia implica mayor equilibrio de poder, la distribución del ingreso en los países desarrollados es mucho más equitativa que en una economía como la dominicana, en promedio es doblemente desigual que una economía europea, y las brechas entre ricos y pobres son aquí más grandes. Es un modelo que genera riqueza pero no inclusión social.
__Eso se ha perpetuado a través de las instituciones, que han reproducido una estructura de poder desigual, convirtiendo el desarrollo en una cuestión de poder cuando debería ser una cuestión de derecho.
Las frases
Isidoro Santana
Es indispensable la transparencia. Nunca los ciudadanos se sentirán cómodos financiando y apoyando al Estado si no están seguros de que los impuestos que le pagan se usarán con honradez, eficiencia y eficacia”.
Miguel Ceara-Hatton
Los partidos, que deberían ser un mecanismo de equilibrio de poder, dejaron de jugar un rol de representación de la ciudadanía para convertirse en un mecanismo de movilidad social. Un bandereo vale más valor que un doctorado”.
Modelo político reproduce un Estado ineficiente, dispendioso, corrupto
La transformación del escenario institucional requiere de una profunda reforma, una redefinición del rol del Estado en la economía, eficiencia en los mecanismos de control y rendición de cuentas para erradicar la corrupción y el uso irracional de los ingresos.
No se logrará un desarrollo sostenible con un Estado ineficiente, corrupto, dispendioso, con un modelo en el que prima un clientelismo demoledor de valores como la educación y el trabajo, en el que domina un desorden institucional del que también se beneficia el sector privado, pretendiéndose resolver un problema con una llamada telefónica al Presidente o a funcionarios.
__Es que no son relaciones institucionales sino primarias, clientelares, la forma de generar lealtad es haciendo favores, porque no vivimos en una sociedad de derechos sino en una sociedad de poder, expresa Ceara Hatton, y agrega:
__No hay espacio para un nuevo modelo con instituciones no transparentes que actúan en beneficio de un grupo particular, partidos que no representan a la sociedad. Mientras eso ocurra no se va a poder cambiar el modelo.
La consolidación democrática precisa de cambios radicales en partidos que fomentan una cultura política licenciosa, demanda mejores líderes, también mejores ciudadanos, un mejor régimen de representación y organización, sólo posible cuando se logre una ciudadanía de calidad. Pero la mayoría no trasciende su condición de elector, no ejerce sus derechos y deberes ni exige una rendición de cuentas a los poderes del Estado. Sólo habrá una democracia auténtica cuando nos alfabeticemos como ciudadanos, cuando se asuma una ciudadanía integral, política, civil y social.
Esto requiere promover desde la escuela la educación ciudadana, formar ciudadanos responsables, solidarios, activos, con los que se podrían garantizar los derechos civiles que protejan contra la opresión, los derechos políticos que permitan participar en las decisiones públicas, los derechos sociales que hagan posible el acceso al bienestar económico, a la educación.
Ciudadanos con plena conciencia de sus derechos y capacidad para demandarlos, que cumplan sus deberes y permanezcan alertas ante el respeto de los derechos humanos y el uso de los fondos públicos.
Con ellos se podrá construir un modelo de desarrollo sustentado en una democracia sólida, abierta y participativa, capaz de una justa redistribución de la riqueza.
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